EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto por los casos de pederastia en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones, según han informado a EL PAÍS fuentes conocedoras del proceso. El Defensor del Pueblo estudiará cada caso, “realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima”. En caso de que las partes no estén conformes con la resolución, tendrá la última palabra para tomar resolución definitiva y los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar tal decisión. El convenio será firmado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
La noticia llega siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de la pederastia en el clero y que desembocó, entre otras medidas, en que el Congreso de los Diputados encomendase en 2022 por mayoría absoluta al Defensor del Pueblo un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados. La base de datos de EL PAÍS, la única ante la inexistencia de datos oficiales, cifra en 1.571 los clérigos acusados y en 2.948 las víctimas.
Este sistema mixto Iglesia-Estado contará con participación de las víctimas. El nuevo mecanismo prevé que los afectados soliciten la reparación en una unidad de tramitación que creará el ministerio. Esta comunicará cada caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará la propuesta. Esta se trasladará a la comisión del PRIVA (el equipo que gestiona internamente y sin garantías los casos que le llegan a la Iglesia) para que la evalúe y emita un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
En el caso de disconformidad, tanto por parte del solicitante como por la Iglesia, se convocará una Comisión Mixta (otro equipo compuesto por asociaciones de víctimas que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime). Si persistiera el desacuerdo, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva.
Las instituciones de las que dependan los agresores (órdenes religiosas o diócesis) deberán cumplir con las medidas impuestas en un determinado plazo, que aún no se ha definido. En el caso de que no pueda, la CEE y la Confer garantizarán su cumplimiento.
Tres años de demoras
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia se ha retrasado constantemente desde que el Defensor publicó en octubre de 2023 los resultados de su informe, de 777 páginas, en el que constataba que un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. En el documento ya detallaba una propuesta para indemnizar a las víctimas a través de un fondo estatal “en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar penalmente. La idea es que un “órgano independiente” y “estatal” (el defensor matizó que “estatal” no tiene que significar “del Estado”) fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. Los obispos respondieron que no colaborarían con el Defensor y que repararían por su cuenta a las víctimas
Con esos datos, el Ejecutivo aprobó en abril de 2024 en el Consejo de Ministros un plan de reparación basado en las directrices de Gabilondo y anunció que dialogaría con los obispos para que se hicieran “cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y para facilitar otros elementos de reparación simbólica”.
En ese momento comenzó una guerra cruzada entre la Iglesia y el Estado. La CEE definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”. Bolaños tendió puentes con el episcopado español y consiguió que este aceptase crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuestión. Se celebró una primera reunión dos meses después del anuncio del plan del Gobierno y se programó otra unas semanas después para que la Iglesia comunicase si finalmente participaría en el sistema de reparación gubernamental. Pero la cita nunca se produjo.
El plantón llevó a Bolaños a enviar varias cartas al presidente de los obispos, Luis Argüello. En la primera, le urgía a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. El líder eclesiástico le respondió que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar a partir del próximo día 10 de julio [de 2024]”, después de que los obispos aprobasen su plan. El ministro envió una carta advirtiendo a Argüello de que “no aceptará” un plan sin “criterios y garantías públicas” como recomienda el Defensor en su informe.
Paralelamente, la Iglesia española había diseñado su propio programa para reparar a las víctimas, bautizado como Priva (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos). Este está coordinado por una comisión de especialistas que estudia cada caso y hace una propuesta económica. Es decir, envía a cada responsable del presunto agresor (diócesis u orden religiosa) una cifra del pago y finalmente el jerarca en cuestión decide si pagarla o no.
Este plan, que los obispos pusieron en marcha comenzado el 2025, ha naufragado. El obispo César García Magán, secretario general de la CEE, anunció a finales de este noviembre que la comisión ha “tratado” 101 casos, de los que 58 ya se han resuelto y “11 lo harán próximamente”. Las cifras que presentó en septiembre la comisión del Priva cuantifican en 39 las víctimas indemnizadas. Eso quiere decir que, de las 2.002 víctimas reconocidas por la CEE en las actualizaciones de sus informes Para dar Luz, las que han sido reparadas no llegan al 2%, según un cruce de datos de este periódico.
Tampoco hay un baremo fijo de las cuantías ni los obispos han anunciado el método utilizado para las compensaciones. Una de las víctimas indemnizadas contó a este periódico que, cuando preguntó por esos baremos, le explicaron que sí existen criterios, pero que “no los hacen públicos porque puede haber discrepancias y problemas entre las víctimas”. Esto genera un profundo malestar entre estas víctimas, ya que la diferencia de pagos en casos similares es enorme. Por ejemplo, en dos procedimientos que ha seguido EL PAÍS, con abusos de la misma gravedad y secuelas parecidas, pero de agresores diferentes y pertenecientes a órdenes distintas, la Iglesia pagó 1.000 euros a una víctima y más de 60.000 a otra.
Un centenar de víctimas cuyo proceso de reclamación ha seguido este periódico en los dos últimos años se quejan de la burocracia y la espera para recibir una reparación. Como muchos afectados ya habían reclamado una reparación (como contempla el código canónico) antes de la aprobación del nuevo plan, sus procesos siguen abiertos, en ocasiones después de años. Ante esta pasividad, algunos afectados han acudido en busca de una solución al Priva, y su petición también se está gestionando por esta vía.
La guía del Priva establece que el plazo para emitir un dictamen de reparación, una vez iniciados los estudios de la documentación, será de “tres meses”. Durante este tiempo, según la propia guía, “los solicitantes tendrán acceso a una interlocución continua con la comisión”. La realidad es que esos plazos se alargan incluso a más de seis meses. Una víctima ha contado a este periódico que solicitó el Priva hace ocho meses y de momento solo ha recibido un “recibí” de notificación.
Este periódico desveló el pasado 20 de noviembre que, además, las víctimas se han encontrado con un fallo en el sistema que nadie, al parecer, detectó: tener que tributar por la reparación. Lo contó una de ellas, alarmada, a este periódico. La ley española establece que para que una indemnización esté exenta de impuestos tiene que ser reconocida judicialmente. En la gran mayoría de los abusos sexuales de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos penalmente y, por lo tanto, no tienen un recorrido judicial. El secretario general de la CEE dijo en la última plenaria que la Iglesia tiene conocimiento desde el pasado mes de junio del tema de la fiscalidad, pero que “lo han llevado con discreción”. Y ha afirmado: “Le hemos pedido al Gobierno que haya un cambio de normativa para que las indemnizaciones estén exentas de tributación”.
Esta víctima pidió ayuda al Defensor del Pueblo, que formuló una queja a Hacienda para que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. La Comisión de Hacienda del Senado, aprobó el 4 de diciembre una moción presentada por Esquerra Republicana para instar al Gobierno a modificar la Ley del IRPF para garantizar que las indemnizaciones percibidas por las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica queden exentas de tributación.
