Yoselin López llegó a Ciudad Juárez en un “mal día”. El 20 de enero de 2025, esta joven hondureña, que llevaba de la mano a su hijo Mateo, de 2 años, y estaba embarazada de siete meses, puso un pie en esta frontera. A los tres días tenía su cita para pedir asilo en Estados Unidos. Habían salido de Tegucigalpa y llegado muertos de frío en el tren que cruza México y al que todos llaman La Bestia. Los recibió una ciudad bajo cero, con el aliento contenido. A medio día estalló el shock. En los primeros minutos de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló la plataforma que servía para pedir refugio e inició lo que todos ya sabían que quería: un Estados Unidos sin migrantes. Un año después, Mateo corretea con un abriguito de dinosaurios en la entrada de la catedral, Santiago mira con ojos grandes desde los brazos de su madre, y Yoselin, que tiene solo 23 años, espera un vuelo humanitario que los repatrie a Tegucigalpa. Es mucho decir, pero lo peor aquí ha pasado ya.
No es la frontera un trozo de tierra. Parece un cerebro compartido, una materia moldeable rasgada por un muro metálico. Un mismo territorio en dos partes; ambas se enroscan y se estrujan. Fue aquí el golpe inicial. Donald Trump firmaba su primera batería de medidas presidenciales en Washington y la migrante colombiana Margelis Tinoco se desplomaba a la entrada del puente fronterizo que une Juárez con El Paso al ver su futuro hacerse añicos. El presidente republicano amenazaba desde su nuevo trono —con aranceles, con quitar el derecho por nacimiento, con intervenciones militares y deportaciones masivas— y temblaban en Juárez migrantes, empresarios y gobernantes. Se entendió rápido en la frontera: el mundo había cambiado.
Un año después, pasado el miedo, la sensación es otra: ha sido mucho pero podía haber sido peor. “Te das cuenta de que la frontera se adapta, que los efectos se verán más a largo plazo. El pulso político ahora está entre Washington y Ciudad de México; Juárez se queda a la deriva de qué podría suceder entre ellos”, apunta Rodolfo Rubio, investigador en población y migraciones del Colegio de Chihuahua. Así, cree el experto, esta ciudad, de casi un millón de habitantes que ha pasado todas las crisis económicas y de seguridad, demuestra su flexibilidad. El tejido industrial se ha reconfigurado, los deportados no han llegado, los migrantes se han marchado y los esfuerzos están volcados en contener secuestros y asesinatos. En definitiva, la frontera le ha aguantado el pulso a Trump en su regreso a la Casa Blanca.
Ni deportados ni migrantes
Es de noche en el puente fronterizo El Paso Norte. Entre las luces un hombre camina despacio, viste sudadera gris y jeans. Se para frente a una cámara y alza un documento. Es Alfonso, mexicano de 46 años, originario de Zacatecas, aunque no tiene familia ni allí ni en ninguna parte de este país que lo vio nacer y también lo vio marcharse hace tres décadas. Debe enseñar su documento de deportación. Fue detenido en El Paso, donde ha vivido y trabajado todo este tiempo. Se sentía mal y llamó al servicio de emergencias de Estados Unidos, pero en vez de mandarle una ambulancia, le enviaron a la policía. Este tipo de operaciones, explica Enrique Serrano, que dirige el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, han empezado a verse en las últimas semanas en El Paso. “Se están dando redadas donde no se daban”, señala. Alfonso va a quedarse en Juárez, con un objetivo que no esconde, quiere regresar en cuanto pueda a donde construyó la vida los últimos 30 años.
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación federal, no engañan: en 2025 se ha deportado al número más bajo de mexicanos de la última década. Son 144.000, 62.000 menos que el año anterior y casi la mitad que los de 2022. Las anunciadas deportaciones masivas de Trump, hasta el momento, no han sucedido. Así se quedaron como un cascarón vacío las carpas de emergencia que instaló hace justo un año el Gobierno en la frontera. Tenían capacidad para 5.000 deportados —mexicanos— de forma simultánea. “En todo el año debieron albergar a unos 3.000”, resume Serrano, que fue también alcalde de Ciudad Juárez: “Las quitaron en diciembre porque ya no había necesidad”.
Esa fue una de las amenazas incumplidas del presidente, a diferencia de las migratorias. Trump eliminó la aplicación CBP One para pedir asilo, pero también el programa del parole humanitario, lo que ha hecho imposible la petición de refugio en Estados Unidos. El terror y la militarización del republicano se han encargado del cruce ilegal. Las cifras de la patrulla fronteriza reflejan una caída de más del 90% en las detenciones de migrantes, lo mismo que las del lado mexicano. Fueron 145.000 migrantes irregulares registrados por la Secretaría de Gobernación en todo el 2025, cuando habían superado los 1,2 millones solo un año antes. “Todos los flujos desde el sur están detenidos”, resume José Fierro, pastor del albergue El Buen Samaritano. En su complejo, que tiene capacidad para 260 personas, hay ahora exactamente cinco. Ni en la primera presidencia de Trump vio números tan bajos. Ahí, reconoce, las dinámicas eran otras, las esperanzas de futuro también.
Cristina Coronado, que coordina el espacio humanitario de la catedral, calcula que en Ciudad Juárez deben quedar ahora unos 1.500 migrantes. El 90% se han marchado, se han regresado a sus países de origen o han emprendido el viaje de reversa y esperan en algún punto del sur de México. Así los hermanos Jessy y John Palmera, de Venezuela, que llegaron hace un año a pedir información sobre qué iba a pasar con su cita del 26 de enero, viven ahora en Juchitán de Zaragoza, donde hacen pequeños trabajos para mantenerse. Ellos siempre se negaron a pasar de ilegales.
Los que se han quedado en Ciudad Juárez sobreviven de algunos empleos en fábricas, tiendas o en la construcción. Nerleschka Silva, que tiene 17 años, es de Yaracrui (Venezuela), piensa en la vida que tienen otras adolescentes, mientras ella empaca, a veces, cuando la llaman, chiles por 600 pesos al día. La mayoría de los migrantes ha conseguido salir de los albergues y viven en departamentos rentados, donde llegan a pagar hasta 2.400 pesos (unos 120 dólares) por dormir en la cocina. Así estaba Sol Petit, hasta que consiguió regularizar su situación y mudarse a un pequeño apartamento. Desde allí cose, cuida de una perrita de apoyo emocional y espera la oportunidad de reencontrarse con sus hijos, que cruzaron justo antes de Trump al otro lado de la frontera. “Quedarme no era lo que yo quería, no era mi meta, pero es lo que pasó. No todos logramos el sueño americano, pero hay que seguir luchando por las posibilidades”, señala.
Tanto ellos como el Gobierno reconocen que ya no son cazados por el Instituto Nacional de Migración, pero sí hay un crimen que los persigue: los secuestros. Desde 2021, según datos de la Secretaría de Seguridad, 1.700 migrantes han sido rescatados; muchos otros, como las guatemaltecas Francisca y Mercedes, se escaparon por sus propios medios después de estar meses en las garras del crimen organizado y no aparecen en ninguna estadística. Pero ahora, ante el cierre de la frontera, estos secuestros se han convertido en el modus operandi actual de los traficantes de personas, según identifica las organizaciones humanitarias como el Gobierno.
“Son las mismas bandas que anteriormente se dedicaban a traficar migrantes, pero como bajó el volumen de su negocio, ahora los engañan diciéndoles que todavía hay posibilidades de cruzarlos, los secuestran y hacen que pidan dinero a sus familiares. Es lo único que les queda hacer porque no pueden cobrar por pasar”, apunta Enrique Serrano, que fue alcalde de Juárez y ahora dirige la COESPO. “Ahorita cruzar es casi una idea impensable, pero ellos siguen trabajando. Los traen prácticamente a escondidas hasta llegar a Estados Unidos y si no logran cruzar los secuestran”, incide José Fierro. Esa misma nueva táctica la identifican también desde la Secretaría de Seguridad. “El tráfico de migrantes se sigue dando. Vienen ya con un pago, entre los 10.000 y los 15 000 dólares, y entonces llegan aquí y los meten a casas de seguridad. Allí empiezan a extorsionar a sus familiares”, apunta el director de los Centros de Mando C7, Jorge Muro.
Una centinela en la frontera
En un terreno pegado a las vías del tren, en pleno centro desecho de Ciudad Juárez, se erige la nueva apuesta de seguridad de esta frontera. La Torre Centinela tiene 25 plantas por arriba —si se cuenta el helipuerto—, y otras tantas por abajo. “Esto es el desierto, entonces los ingenieros escarbaban y solo encontraban arena y arena”, explica el director de los Centros de Mando C7, Jorge Muro. Tuvieron que cambiar de planes y, similar a los pilotes que sostienen al Tren Maya en un tramo del Caribe, apostar por pilares rellenos de concreto; estos son los que amarran a tierra el edificio que va a concentrar toda la información de seguridad del Estado.
No es casualidad su localización. Todas las dependencias del Gobierno de Chihuahua tienen su sede en Chihuahua, a unas cuatro horas de la frontera, todas menos la Secretaría de Seguridad Pública. “Esto es porque el 60% de la incidencia delictiva se concentra en Ciudad Juárez”, dice Muro. Y dentro de la localidad, el centro sigue siendo una de las zonas rojas. Aquí operaba la red de desapariciones y trata sexual que arañó a la ciudad en 2008, a la vista y omisión de los militares del Operativo Conjunto Chihuahua, que convirtieron la localidad en una ciudad sitiada. En esa época, Juárez era la ciudad más violenta del mundo, un título del que ya se despegó, no de su historial feminicida. Los asesinatos y, en particular, los asesinatos de mujeres siguen siendo delitos prioritarios del Gobierno. En los últimos cuatro años se han registrado más de 4.700 homicidios dolosos en la ciudad, según las cifras de la dependencia estatal, esto es todavía más de tres al día.
Muro afirma que tienen tres horas para dar resultados ante estos secuestros y otros delitos prioritarios. “Antes un secuestro era lo mismo que decir un muerto”, reconoce. Ahora afirma que los números les sonríen más gracias a la plataforma y las 10.000 cámaras de vigilancia que lleva asociadas, un tercio de ellas en Ciudad Juárez. Esta vigilancia lleva a las fuentes de la zona a llamar a la Torre Centinela como el próximo Ojo de Sauron.
Hasta ella van a llegar a trabajar también los representantes de las agencias estadounidenses. Personal de la DEA, la Patrulla Fronteriza, la ATF, las Fiscalías de Texas y Nueva México, la policía de El Paso, van a instalarse en el piso 18 de la torre. “No vamos a compartir bases de datos. Ellos van a trabajar con sus propias herramientas, pero desde aquí”, explica Muro: “Ahorita tenemos coordinación, pero hay que llamarles y luego ellos en lo que consultan, pues se pierde tiempo. Y en ese sentido tenerlos aquí, pues estamos al lado, va a ser en tiempo real”.
Esta colaboración se va a dar en plena pelea de Trump por empujar una intervención militar en el país, una advertencia que también ha impactado a los grupos criminales en la frontera, según apunta el investigador Salvador Salazar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. “El crimen organizado sigue teniendo presencia, pero también los grupos están actuando como en una especie de contención y cuidado ante la retórica de la intención norteamericana de una intervención directa”, señala. Sobre el peso de los miles de uniformados que Sheinbaum mandó el año pasado a la frontera, Salazar lo considera puramente “simbólico”: “Están distribuidos en algunas zonas fuera de la ciudad, para ser como una contención del narcotráfico o al flujo de personas hacia EE UU. Tiene que ver con un mensaje que busca el Gobierno mexicano dar al Gobierno de EEUU de que sí se está actuando más que como una acción contundente”.
