El mayor pelotazo de la trama desmantelada en la Operación Púnica ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional ha condenado a cinco alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por “prácticas corruptas” en el amaño, entre 2012 y 2014, de contratos públicos a favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Otros dos regidores populares han sido absueltos. La mayor condena, ocho años y dos meses de prisión, corresponde sin embargo al empresario David Marjaliza, cabecilla de la trama y cuyo testimonio le convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España al permitir avanzar en una macrocausa con varias líneas de investigación aún por juzgar y en la que está imputado al exdirigente del PP en Madrid Francisco Granados.
El fallo conocido este lunes impone penas sensiblemente inferiores a las que pedía la Fiscalía Anticorrupción al aplicarles a los acusados el atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de la causa ―la investigación se inició en 2014― y a una docena de ellos también el de confesión al admitir las irregularidades cometidas y reponer el daño causado. Cofely ha sido condenada, como empresa jurídica, al pago de una multa de 3,6 millones de euros por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque la absuelve del de blanqueo de capitales. Tres de sus directivos también han sido condenados, en su caso a penas de cárcel. Entre ellos, el que entonces era su director general, Didier Roger Maurice, al que le ha impuesto una pena de seis años y seis meses por organización criminal, fraude a la Administración, cohecho y colaborador en un delito continuado de prevaricación.
Los alcaldes condenados son José María Fraile, exregidor socialista de Parla (Madrid), a quien el tribunal ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias. Fraile fue uno de los procesados que reconoció los delitos cometidos y haber recibido una dádiva de 500.000 años por amañar el concurso para beneficiar a Cofely. Por su parte, al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), la Sala le impone una pena de dos años y 10 meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias.
Al exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, del PP, le impone una condena cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. La misma pena se ha impuesto a Agustín Juárez López de Coca, exalcalde del PP en Villalba; mientras que Daniel Ortiz, exregidor popular de Móstoles, ha recibido una pena de tres años de prisión como autor de un delito de cohecho durante su mandado en esta localidad, la segunda de mayor población de la Comunidad de Madrid. Por aquel amaño también ha sido condenado a la misma pena el concejal popular Alejandro Utrilla y el hermano de este, Mario Utrilla, que entonces era regidor del PP en la localidad de Sevilla La Nueva. Ninguno de ellos aceptó reconocer su implicación en los hechos.
El quinto exalcalde del PP condenado es Gonzalo Cubas, regidor de Torrejón de Velasco y cuñado de Marjaliza, al que la Audiencia Nacional le impone tres años de inhabilitación después de que durante la vista admitiera los hechos de los que se les acusaba. Los ex primeros ediles del PP finalmente absueltos han sido José García Lobato, que ocupó la alcaldía de Almendralejo (Badajoz) y José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro (Madrid).
