Justo cuando la campaña electoral comenzaba a alejarse de la fuerza gravitacional que ejerce el presidente Gustavo Petro y prometía empezar a hablar de propuestas ―la candidata Paloma Valencia apenas lo mencionó una vez en su discurso tras ser elegida como candidata del uribismo―, el jefe de Estado volvió a robarse la atención política. Uno de sus ministros, Antonio Sanguino, de la cartera de Trabajo, y otros ciudadanos inscribieron el viernes un comité para iniciar un proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa ha sido calificada por sus críticos como provocadora, ya que cuando Petro era candidato había prometido que no buscaría reformar la Constitución. Sin embargo, ante la negativa del Legislativo de aprobar algunas de sus propuestas, invocar esta Asamblea le ha servido cíclicamente como un mecanismo de presión. A mitad de año, cuando el Congreso hundió su reforma laboral, luego de que Petro amenazara con llamar a una Constituyente, la propuesta revivió. Por eso hoy, cuando el Gobierno ya ha dado un paso en firme para iniciar el proceso, el presidente es señalado de ejecutar una jugada para impulsar y mantener a la izquierda unida.
Colombia se prepara para ir a las urnas en poco más de tres meses. El próximo 8 de marzo los ciudadanos no solo elegirán un nuevo Congreso, sino que podrán participar en las consultas interpartidistas en las que tanto izquierda como derecha elegirán a sus candidatos definitivos para la Presidencia. Las consultas presidenciales suelen ayudar a reunir votantes para las listas al Legislativo, por lo que tanto la Gran Consulta de la derecha como el Frente Amplio de la izquierda esperan no solo escoger a su candidato, sino ver sus bancadas legislativas fortalecidas. El nuevo proceso de recolección de firmas para una Asamblea Constituyente en medio de la campaña le sumaría un empujón más a la izquierda, pues sus bases estarán haciendo campaña también por la propuesta constitucional del presidente.
En su defensa, Petro ha dicho, a través de un mensaje en la red social X, que “la Constituyente no se hará en época electoral”, pues aunque la recolección de firmas se debe realizar en los próximos tres meses, el proyecto de ley se presentará después del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso. Para la fecha, además, ya se habrá elegido a un nuevo presidente de la República, en mayo y junio. Esta defensa no tiene en cuenta el impulso que el comité de firmas puede darle a las elecciones de marzo. Varios de sus candidatos al Legislativo, por ejemplo, ya han tomado la bandera del presidente.
“Claro que sí se requiere una Asamblea Constituyente acotada, hay temas que el Congreso jamás aprobará”, ha dicho el representante por Bogotá, Alirio Uribe, quien aspira a llegar al Senado en marzo, mientras que Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, resaltó en un evento este fin de semana “la necesidad de convertirnos en poder constituyente, no solamente Asamblea Constituyente, (sino) que cada vez más sea la gente la que toma las decisiones”. Petro, sin titubeos, ha llamado a sus bases a que se movilicen para apoyar a los candidatos al Legislativo que apoyen la Asamblea Constituyente. “Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la Asamblea Constituyente, o la vota”, ha asegurado.
La oposición no ha tardado en calificar la iniciativa como un “truco” de Petro, “una estrategia para quedarse en el poder” y una “irresponsabilidad”. Sobre todo, consideran la iniciativa como una forma indebida del Gobierno de participar en política electoral. Este domingo, la Gran Consulta por Colombia, una coalición de derecha que reúne a un amplio abanico de candidatos (Paloma Valencia, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila) hizo pública una carta en la que rechaza la propuesta del Gobierno. “Plantear una Constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre, cuyos costos siempre los termina pagando la ciudadanía”, señalan.
Los candidatos de la Gran Consulta se presentan como los defensores de la Constitución de 1991. “Es el mayor acuerdo democrático de nuestra historia reciente. Fue el resultado de un amplio pacto político y social que permitió ampliar derechos, fortalecer la participación y abrir el camino para que actores armados dejaran las armas y se incorporarán a la democracia, incluido el movimiento al que perteneció el hoy presidente”, escribieron, haciendo referencia a la militancia del hoy presidente en la guerrilla del M-19, que se desmovilizó en 1990 y fue una de las principales fuerzas de la Asamblea que redactó la celebrada carta política de 1991; y resaltando la paradoja de que sea el hoy presidente quien quiera transformarla.
Huberto de la Calle, político liberal que fue miembro de la Asamblea del 91, también se pronunció. Aunque reconoce que el país no puede negarse del todo a reformar la Constitución, considera que no debería hacerse en época de campaña. “Reforma no como truco electoral”, pide en un mensaje en redes sociales. Hasta el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, entró en el debate en una entrevista con El Espectador. Allí, dijo que “una asamblea constituyente, una reforma constitucional de fondo, puede ser factible porque su evolución es necesaria, pero eso no hay que mezclarlo con un año electoral”. “No es prudente mezclar lo uno con lo otro”, añadió.
Pese a que Petro ha destacado el avance que representó la Constitución del 91 en su momento, insiste en que se ha quedado corta ante los desafíos de nuestros tiempos, sobre todo ante un Legislativo que se niega a aprobar sus reformas sociales. En su trino de defensa, habla de la variada temática que contempla el proyecto de ley que empezará a firmar la ciudadanía. Menciona sus reformas sociales bloqueadas, los cambios al sistema educativo, una profunda reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la descarbonización y un nuevo ordenamiento territorial, entre otros asuntos. Es decir, todas “las materias que los congresistas legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
