El Gobierno ha aprobado este martes por real decreto un aval que otorga una serie de ventajas a aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a menores de 35 años o personas vulnerables. Esa protección se hará realidad siempre y cuando limiten el precio que cobran por la renta, para que esta sea considerada asequible según los estándares marcados por los índices de referencia que cada cierto tiempo publica el Instituto Nacional de Estadística.
Los arrendadores que acepten ese requisito, depositen la fianza, y suscriban el aval usando el modelo adecuado, se asegurarán a cambio que la Administración cubrirá cualquier posible impago del alquiler por parte de los arrendatarios, también en los suministros. Y se hará cargo de los daños que estos causen a la vivienda.
La medida, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado enero, y está inspirada en el modelo francés. Según el Ejecutivo, el objetivo es “facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes y las personas vulnerables”.
Para ello, concede una protección especial a los propietarios, para vencer sus reticencias a alquilar a estos colectivos, que suelen contar con menores niveles de solvencia. Y que ante la elevada demanda, generalmente prefieren a la hora de alquilar sus viviendas a los perfiles con más poder adquisitivo, para disminuir así el riesgo de impago. “Estamos dando un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país”, ha dicho este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
La cobertura estará gestionada por las comunidades autónomas, que podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, por lo que la medida todavía está por concretarse. Según ha señalado Vivienda, “en próximas fechas se habilitará una línea presupuestaria” para financiarla; y las comunidades deberán remitir semestralmente información al ministerio sobre las coberturas aplicadas.
Ya existen comunidades autónomas con programas de este tipo en marcha. La administración vasca gestiona actualmente casi 7.400 pisos mediante un sistema de garantías públicas que protegen a arrendatarios e inquilinos. El plan de vivienda vacía Alokabide, en vigor desde 2002 protege a los dueños y les asegura que van a cobrar todos los meses la renta y recuperarán su casa cuando termina el contrato en las mismas condiciones que la entregaron, y a los inquilinos les garantiza un precio por debajo del de mercado.
Hay otros ejemplos. En la Comunidad de Madrid, el Plan Alquila existe desde 2008, y en Asturias acaba de nacer Alquilámoste, un programa público por el que los propietarios pueden acogerse a bonificaciones fiscales y los inquilinos pagar un precio de alquiler de al menos un 10% menos respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad, con una mensualidad que en todo caso no podrá suponer más del 30% de los ingresos del inquilino o la unidad familiar.
