El antiguo viceprimer ministro cubano y exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, que hace tan solo dos años era un dirigente de máxima confianza del presidente, Miguel Díaz-Canel, fue sentenciado a cadena perpetua por una decena de delitos, entre ellos el de espionaje y “traición a la patria”. La sentencia contra Gil, difundida este lunes por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, culmina una maniobra política y judicial del régimen que se inició en febrero de 2024, con su abrupta separación de sus cargos. El tribunal concluye que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía” y señala quien “la traición a la patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”, informa Efe.
El exministro era el encargado de impulsar la reforma monetaria, un proyecto clave para el Gobierno. Díaz-Canel le transmitió, tras su destitución, un “abrazo agradecido”. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a distanciarse de él. Aseguró que había cometido “graves errores” y que por ello se encontraba bajo investigación ante la que, adelantó, tendría “tolerancia cero”.
El pasado 31 de octubre, un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República anunció que, tras investigaciones llevadas a cabo por los órganos del Ministerio del Interior, donde “se garantizó el debido proceso”, Gil Fernández fue encontrado responsable de los delitos de “espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.
Aunque el exministro ocupó durante seis años, entre 2018 y 2024, la responsabilidad más prominente en la gestión del desastre económico cubano, lo cierto es que la crisis es un problema estructural que va más allá de sus decisiones. Y tanto la destitución como las primeras declaraciones de Díaz-Canel, su cambio de posición y después el anuncio de la imputación de Gil Fernández muestran las tensiones que se viven al interior del aparato gubernamental en La Habana.
