Nada más conocerse la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de medio millón de migrantes sin papeles, el Partido Popular y Vox inició una “ofensiva” en contra tanto en España como en Bruselas, donde rápidamente pidió a la Comisión Europea que se activara. El comisario europeo para Interior y Migración, Magnus Brunner, ha parado en seco los intentos, al recordar que se trata de una competencia exclusiva de los Estados en la que Bruselas no tiene nada que decir o hacer.
“Por supuesto que somos conscientes de la nueva ley, de lo que se ha decidido en España. Pero las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países residentes ilegalmente es una responsabilidad de los Estados miembros”, ha respondido el austriaco. Brunner ha hecho este comentario durante la presentación de la estrategia de Migración y Asilo de la UE que confirma el endurecimiento de la política comunitaria en materia migratoria, una línea que el austriaco comparte y defiende, hasta el punto que ha reivindicado de hablar de inmigrantes “ilegales” y no irregulares.
La respuesta de Bruselas, le guste o no al propio máximo responsable de las políticas migratorias en la UE, lleva siendo la misma desde que se conoció, el lunes, el acuerdo del Gobierno de Sánchez con Podemos. Aun así, tanto Vox como el PP anunciaron varias iniciativas para denunciar la decisión ante la Comisión Europea y lograr que esta se pronuncie. Los conservadores han adelantado que también llevarán la cuestión al encuentro de líderes europeos del Partido Popular Europeo (PPE) que tendrá lugar en Zagreb (Croacia) esté próximo 30 y 31 de enero, y al que acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que milita en las filas conservadoras.
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