Mientras en Extremadura el PP se resiste a aceptar las exigencias que Vox le impone para apoyar la investidura de María Guardiola, en Sevilla los populares, que gobiernan en minoría, han tardado una semana en claudicar ante las líneas rojas marcadamente ideológicas que la formación de Santiago Abascal había establecido para respaldar los presupuestos municipales: dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja y endurecer los controles del padrón municipal para, tal y como sostiene el partido de extrema derecha, impedir la inscripción de migrantes irregulares. Son los dos principales puntos del acuerdo político que esta mañana han firmado el alcalde hispalense, José Luis Sanz, y la portavoz municipal del grupo ultra, Cristina Peláez, paralelo a las cuentas locales y que ambos han presentado como una continuidad del pacto presupuestario que ya suscribieron el año pasado, y que ya contenía recortes en partidas destinadas a la mujer, programas de igualdad y cooperación al desarrollo a cambio de engordar los fondos destinados a asociaciones antiabortistas o a la creación de la Oficina de atención a la maternidad, cuya directora ha sido designada por Vox.
Sanz se ha esforzado en su comparecencia por desvincular el pacto de las tesis que forman parte del ideario de la extrema derecha: inmigración, seguridad y negacionismo climático. “Es un acuerdo que se centra fundamentalmente en la gestión, se aleja de los matices ideológicos que tanto le gustan a la izquierda y que utilizan siempre para confrontar y crispar a la sociedad española”. Pero la portavoz de Vox ha dejado claro que ese acuerdo implica justamente lo contrario. “No les voy a negar que es especialmente satisfactorio el poder ver cómo se aplican parte de nuestras políticas en la acción de Gobierno”, ha afirmado Peláez, para incidir en que el las cuentas municipales “destina los recursos en lo verdaderamente importante y centra buena parte de sus políticas en los que más lo necesitan como son las familias, la maternidad, los sectores productivos y los servicios públicos”.
Hace una semana, cuando Vox planteó sus dos líneas rojas, el núcleo duro del equipo de Gobierno municipal aseguraba que el PP no podía aceptarlas porque se trataba de materias que excedían la competencia municipal. Tras ampliar el plazo de negociación hasta que pasaran las elecciones extremeñas, tal y como pidió la extrema derecha, esas mismas propuestas que parecían inasumibles, se han recogido en el acuerdo, aunque el alcalde ha insistido en que no se va a incumplir ninguna ley.
La redacción de ambos puntos en ese acuerdo es lo suficientemente ambigua como para que sobre el papel Vox pueda quedar satisfecho. En el caso de la ZBE de la Cartuja, la única que tiene la ciudad de Sevilla, bajo el encabezado “transformación de la ZBE para modificar el actual régimen sancionador”, se establece que se modificará la ordenanza de movilidad en relación con los preceptos que desarrollan la ZBE “para terminar con la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico, siempre dentro del marco de la normativa europea”. Peláez ha defendido que la ZBE es una medida “impuesta por las élites globalistas” y ha defendido que la imposición de sanciones era “profundamente injusta” porque “solo ha afectado a las familias y trabajadores con menos recursos, que son los únicos que no han podido adquirir un coche con los distintivos ecológicos necesarios”.
Más complicado resulta defender la capacidad del Ayuntamiento para la “intensificación del control del padrón municipal”, tal y como se recoge en el texto. El documento estipula la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes de padrón en un plazo máximo de 15 días, incidiendo en aquellos casos de acreditación dudosa del domicilio mediante los instrumentos de inspección y fomento de la colaboración interinstitucional. Sanz no ha explicado cómo se armonizará esta medida con la reforma del Real Decreto 141/2024 que modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y que no exige la existencia de un domicilio físico real -se permite incluso la ausencia total de techo- para poder inscribirse en el padrón. Lo que ha hecho, como Peláez, ha sido cargar contra “la política migratoria de Pedro Sánchez” a la que ha responsabilizado de “dejara la gente tirada como paquetes”. “A mí me gustaría que avisaran al Ayuntamiento de Sevilla de cuántas personas vienen a la ciudad de Sevilla y que mandaran también ayudas para que el Ayuntamiento pudiera mejorar la asistencia a todas esas personas”, ha abundado el regidor popular.
El acuerdo también incluye, entre sus puntos, la lucha contra la venta ambulante ilegal, dotando a la Unidad de intervención inmediata de la Policía Local de una función específica para atajar “una práctica que supone un perjuicio para el comercio local de la ciudad”; un incremento de la inversión en la rehabilitación de viales de parques empresariales y en la de los mercados de abasto, así como un plan de rehabilitaciones viarias. El pacto incluye la reducción de los límites del 10% para la instalación de pisos turísticos que ahora están establecidos en la capital andaluza y que también apoyó Vox, en su momento.
